En el contexto de los desafíos contemporáneos en materia de seguridad y justicia penal, la criminología se convierte en una herramienta fundamental para orientar de manera eficaz la política criminal de los Estados. Costa Rica, como muchos otros países, enfrenta una serie de problemáticas asociadas al crimen organizado, la violencia social, el hacinamiento carcelario, la reincidencia delictiva y la percepción de inseguridad ciudadana. Estos problemas demandan una política criminal que trascienda el enfoque meramente punitivo y reactive un análisis integral basado en la evidencia, donde la criminología aporte un marco de comprensión profundo y actualizado del fenómeno criminal.
La criminología, entendida como la ciencia que estudia el delito, al delincuente, la víctima y el control social, aporta datos empíricos y teóricos que permiten diagnosticar las causas y características del comportamiento delictivo. Este conocimiento es esencial para formular políticas criminales efectivas, proporcionales y sostenibles. Sin embargo, en muchos casos, como ha sucedido en Costa Rica, la política criminal ha tendido a estancarse en modelos reactivos, centrados en el aumento de penas, la construcción de cárceles y el endurecimiento de las leyes penales, sin un respaldo técnico basado en la realidad criminológica del país.
El estancamiento de la política criminal se manifiesta en la repetición de recetas represivas que no abordan las causas estructurales de la criminalidad, ni promueven estrategias de prevención o de reinserción social efectivas. En este punto, la criminología ofrece una vía de salida, al proponer alternativas desde la prevención situacional, la intervención temprana, el análisis de redes criminales, la atención a factores de riesgo y la evaluación de impacto de las políticas públicas. Por ejemplo, la criminología puede ayudar a identificar cuáles delitos tienen una mayor concentración territorial, qué variables sociales están correlacionadas con la violencia, o qué perfiles presentan los delincuentes reincidentes.
En Costa Rica, la relación entre derecho penal y criminología debe ser mediada por una política criminal que articule ambas disciplinas de forma coherente. El derecho penal establece los marcos normativos y las sanciones aplicables ante el delito, pero necesita del análisis criminológico para saber cuándo, cómo y en qué medida aplicar el castigo, y sobre todo, cómo prevenir el delito de forma más eficiente que simplemente castigándolo. El derecho penal sin criminología corre el riesgo de convertirse en un instrumento ciego, que aplica penas sin comprender las dinámicas del delito, mientras que la criminología sin influencia en la política criminal queda relegada al ámbito académico sin impacto real.
La política criminal, por tanto, actúa como el puente entre el conocimiento criminológico y el poder normativo del derecho penal. Esta debe integrar distintas disciplinas criminología, sociología, psicología, estadística, victimología para diseñar respuestas estatales que sean racionales, equilibradas y ajustadas a las necesidades reales de la sociedad. En Costa Rica, instituciones como el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Nacional de Criminología, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la Fiscalía General, tienen un rol clave en la construcción y ejecución de esta política criminal, y deben fortalecerse en su capacidad de análisis y planificación con base en datos criminológicos.
Un ejemplo que evidencia la necesidad de mayor articulación entre criminología y política criminal es el creciente hacinamiento en los centros penitenciarios de Costa Rica. Según datos del Ministerio de Justicia y Paz (2025), las cárceles del país presentan una sobrepoblación del 25%, lo cual afecta directamente los programas de rehabilitación, la salud de los internos y la seguridad penitenciaria. Esta situación ha sido producto de una política criminal excesivamente punitiva, con limitadas alternativas al encarcelamiento y escaso uso de medidas como la justicia restaurativa o los programas comunitarios de rehabilitación. Una política criminal basada en la criminología permitiría identificar perfiles de internos que no representan un riesgo significativo para la sociedad y que podrían beneficiarse más de medidas alternativas que de la prisión.
La criminología también es crucial para entender fenómenos nuevos o cambiantes, como el auge del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la ciberdelincuencia, y la violencia juvenil. Estos fenómenos requieren herramientas analíticas complejas y estrategias especializadas, que solo pueden desarrollarse a partir de un diagnóstico criminológico riguroso. En este sentido, la criminología ayuda a modernizar la política criminal, sacándola del enfoque tradicional del siglo pasado, y llevándola hacia un modelo más inteligente, adaptativo y multidisciplinario.
Para que este cambio sea posible, es indispensable fortalecer la formación en criminología en las universidades y promover el diálogo entre los operadores del sistema penal y los investigadores sociales. Además, la política criminal costarricense debe institucionalizar mecanismos de evaluación y monitoreo de resultados, que permitan ajustar las estrategias en función de su eficacia real y su impacto social.
La criminología no debe verse como un saber accesorio, sino como un componente esencial en la formulación de una política criminal moderna, racional y eficaz. En Costa Rica, superar el estancamiento de la política criminal implica abandonar la lógica del populismo punitivo y apostar por una planificación basada en evidencia. La integración entre derecho penal y criminología, mediada por una política criminal coherente, puede permitir al país avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo, humano y efectivo en la reducción de la criminalidad. Esto no solo fortalecerá el Estado de derecho, sino que también mejorará la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones
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